Se ha publicado

El diario El Mundo publica en su sección dedicada a Andalucía el siguiente artículo relacionado con el caso Malaya:


La empresa Portillo dice que la coaccionaron desde el Ayuntamiento marbellí.

DeMarco se enfrenta a 1 año de prisión y 780.000 euros de multa por un delito de cohecho.

José Carlos Villanueva/Málaga.- La abogada Fátima Cortés, abogada defensora del directivo de la empresa Portillo Julio de Marco, acusado de un delito de cohecho en el 'caso Malaya', ha denunciado este lunes que dicha compañía de transportes, a cuya filial CTSA está vinculado su cliente, "fue la única que ha sufrido coacciones" del Ayuntamiento de Marbella cuando era gobernado por los integrantes del GIL.

La letrada se ha referido a que antes de las escuchas telefónicas, en las que se detectaron pagos de De Marco a Roca y otros acusados del Consistorio marbellí, se produjeron dichas coacciones. Concretamente, ha asegurado que el antiguo gobierno tripartito que presidía la entonces alcaldesa del GIL, Marisol Yagüe, "llegó a precintar el tanque de gasolina en la estación de autobuses" de Marbella.

En base a lo anterior, Cortés se ha preguntado en voz alta "cómo es posible que el Ayuntamiento de Marbella esté aquí personado como acusación particular". Acto seguido, la letrada defensora de Julio de Marco ha recordado que cuando recibieron las coacciones "la situación para los empresarios de Marbella era muy complicada".

Ha denunciado también que el tripartito de Yagüe mantenía una "actitud dictatorial" porque -ha acotado Cortés- "se tenía que hacer lo que ellos decían", en alusión a los ex gobernantes marbellíes que rigieron el poder entre agosto de 2003 y marzo de 2006, cuando se inició la primera fase de la operación Malaya.

Asegura la defensa que, a día de hoy, a pesar de tener CTSA Portillo la explotación de la estación de autobuses, con carácter provisional, "aún no se ha conseguido la licencia de apertura" para la misma. Por eso -ha recordado Cortés- "hay un procedimiento contencioso administrativo que le consta al Ayuntamiento de Marbella", en relación a una denuncia interpuesta por la empresa.

"Cuando Julio de Marco es detenido nos encontramos con una persona que intenta salvaguardar sus derechos para no enemistarse con el Ayuntamiento de Marbella, porque allí tiene intereses su empresa", ha insistido la letrada.

Paralelamente, Cortés ha reprochado al ex juez instructor, Miguel Ángel Torres, que detuviera a Julio de Marco por un delito de blanqueo de capitales y luego, cuando se dicta el auto de procesamiento, "lo que aparece es un delito de cohecho", por haber entregado presuntamente fondos a Juan Antonio Roca, entre otros, para desbloquear la concesión de transportes.

"Mi defendido no ha pagado dinero alguno, no atendió ninguna petición y no consiguió ninguna resolución injusta a su favor",ha concluido la defensa de De Marco, tras preguntarse si esto es justo y si su cliente debe permanecer acusado en el proceso.

Julio de Marco se enfrenta a 1 año de prisión y 780.000 euros de multa por un delito de cohecho, en su condición de gerente de automóviles Portillo. Joaquín Martínez Milanova y José María Pérez Lozano, también directivos de la citada empresa de autobuses, se encuentran acusados del mismo delito de cohecho.

En uno de los seguimientos policiales a la trama de corrupción municipal, se detectó la supuesta entrega de 390.000 euros de un directivo de Portillo al entonces concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, ya fallecido.

Según el juez, Roca, Rodríguez y la alcaldesa Yagüe exigían dicha cantidad de dinero a la empresa por la adjudicación del concurso de la estación de autobuses. En las conversaciones telefónicas interceptadas se concertaron varias citas para la entrega del dinero.

Los agentes asignados a dicho seguimiento escucharon al gerente de Portillo en Málaga, Julio de Marco, decirle a Victoriano Rodríguez: "¿Y ahora qué hago yo con esto... lo meto debajo de la cama?". Todo ello en alusión al presunto soborno recibido.

Un saludo portillero.