El caso Malaya en su vertiente Portillera salta a la luz pública con las declaraciones en el Juicio del día de hoy. El diario Sur publica:
Portillo denuncia "presiones" por parte del Ayuntamiento de Marbella para la concesión del servicio
Responsables acusados relatan la exigencia del pago de 390.000 euros a cambio de la renovación de la explotación en esta localidad.
( ...) se han sentado varios responsables de la empresa de transportes de viajeros Portillo acusados en el proceso para abordar la adjudicación de la gestión de la estación de autobuses marbellí y la adjudicación del servicio de transporte público urbano; gestiones en las que la fiscalía observa irregularidades. Según consta en el escrito de acusación la empresa estaba interesada en la renovación de la concesión y el Ayuntamiento condicionó esta adjudicación al pago de una importante suma de dinero: 65 millones de pesetas (390.156 euros) aparte del canon correspondiente.
Tanto el gerente de la empresa, Julio de Marco, como otros dos altos responsables, José María Pérez Lozano y Joaquín Martínez-Vilanova, han indicado en la sala que sufrieron “presiones insoportables” por parte del concejal de Transportes del Ayuntamiento, Victoriano Rodríguez, además de “perjuicios económicos”. La intención de la empresa era renovar por tercera vez la explotación del servicio ocho años más. En sus declaraciones han mantenido que “no estaban conformes” con esa exigencia del Ayuntamiento y que “no hubo acuerdo” y que nunca tuvieron intención de realizar el pago. Por ello decidieron “dar largas” y dilatar el asunto en el tiempo. En la sala, sin embargo, se han escuchado pinchazos telefónicos en los que el gerente cerraba con el edil la fecha de entrega de una suma de dinero que finalmente no se entregó.
Por otro lado, El Mundo, apunta :
Directivos de Portillo declaran que fueron extorsionados por un ex edil del GIL
Tres directivos de la empresa CTSA-Portillo, filial de la compañía FCC, han declarado este martes, como procesados en el caso 'Malaya', haber sido objeto de una extorsión por parte del que fuera edil de Tráfico con el GIL en Marbella, así como en el gobierno tripartito de Marisol Yagüe, Victoriano Rodríguez, ya fallecido.
El primero en relatar la petición del soborno, cifrado en "65 millones de pesetas", ha sido Julio de Marco, ex gerente de la empresa. A preguntas del fiscal ha negado en todo momento haber consumado el pago, también calificado como "mordida", al que le sometió Rodríguez -entre febrero y marzo de 2006- para conseguir la explotación de la terminal de autobuses de Marbella.
"Me dijo que si queríamos ser los adjudicatarios de la contrata debíamos entregar ese dinero, a él o a su amigo Ismael Pérez Peña", en alusión al empresario de automoción que ya pactó con Anticorrupción una rebaja considerable de la pena solicitada, para no entrar en prisión. A cambio reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos de lujo, así como un pago de 180.000 euros para ella y Juan Antonio Roca.
Durante el interrogatorio se han podido escuchar varias conversaciones entre De Marco y Rodríguez, interceptadas por la Policía. En ellas el ex directivo de Portillo llega a preguntarle al entonces edil "dónde te llevo el dinero". El que fuera hombre de confianza de Jesús Gil le contesta lo siguiente: "No me hables de dinero por teléfono".
Julio de Marco, que se enfrenta a un año de prisión y 600.000 euros de multa, ya declaró durante la instrucción que el pago del soborno no llegó a consumarse, al ser detenido Victoriano Rodríguez el 29 de marzo de 2006.
El fiscal Juan Carlos López Caballero le ha recordado al ex gerente de Portillo que él reflejó una "contraoferta", consistente en entregar a Rodríguez 125 millones de las antiguas pesetas antes de dicha adjudicación, y otros 15 millones después.
El ex directivo Joaquín Martínez Vilanova ha declarado que estuvo al corriente de todo, como superior directo de De Marco. Tanto Vilanova como José María Pérez Lozano han denunciado "presiones insoportables" por parte del ex edil ya fallecido. Uno de ellos ha llegado a calificar a Rodríguez de "persona desquiciada". La pretensión de Portillo era renovar por tercera vez la explotación del servicio, ocho años más.
La misma noticia en Europa Press:
Ex directivos de Portillo dicen que dieron "largas" al exedil que pidió dinero por adjudicación
Los que fueran en 2006 directivos de la empresa de transportes Portillo, acusados en el caso 'Malaya', han asegurado que el exedil de Marbella (Málaga) Victoriano Rodríguez, que fue procesado en esta causa pero posteriormente falleció, pidió a la compañía 65 millones de las antiguas pesetas --390.000 euros-- "como si fuera una mordida" para adjudicarle la explotación de la estación de autobuses, aunque han apuntado que no pretendían pagar y le dieron "largas".
El primero de ellos en declarar en esta sesión del juicio ha sido el entonces gerente de la sociedad Julio de Marco, quien ha indicado que el entonces edil de Transportes le transmitió que "si queríamos ser los adjudicatarios de la concesión de la estación de autobuses de Marbella, hay que entregarle a él o a la persona que él designe en Madrid, que fue Ismael Pérez Peña --empresario que ha llegado a un acuerdo con el fiscal--, 65 millones de pesetas".
Estas "exigencias" se las comunicó a sus superiores, que le dijeron que "le diera largas el mayor tiempo posible". Ha matizado parte de su declaración inicial ante el instructor, diciendo que hizo "suposiciones que pensaba que facilitaban mi salida de los calabozos", insistiendo ahora en que la estrategia de la empresa era intentar "ganar tiempo, aguantar la presión como pudiese", pero "no había decisión clara de pagar".
Ha apuntado que la proposición "no tenía sentido", porque la empresa ya tenía la concesión y la nueva adjudicación le producía "un perjuicio económico" respecto al anterior concurso. Además, ha dicho que Portillo-CTSA fue la única que se presenta al concurso, momento en el que el exedil "se da cuenta que la mordida que quería obtener no tiene sentido y entonces pretende liarme a mí, liar a la empresa y dar unos plazos para ver si nos presiona y consigue su objetivo".
No obstante, se han reproducido conversaciones en las que ambos establecen plazos de pagos, reiterando el acusado, al respecto, que "llevábamos dos meses dándole largas". Ha expresado que estaba presionado por su empresa, por los "incumplimientos" del Consistorio y por el exedil, quien se refería a veces al presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, en cuanto realizarle determinadas consultas, sobre todo en temas de terrenos.
En este sentido, ha dicho que un par de veces, sus superiores y él se reunieron con Roca en Planeamiento para interesarse por la posibilidad de que les cedieran unos terrenos, "que luego resulta que no eran del Consistorio". "Otro incumplimiento más del Ayuntamiento de Marbella", ha apuntado De Marcos, quien se ha reafirmado en que el principal acusado no le pidió dinero y que él no podía tomar decisiones ni disponer de capital.
Por su parte, el que fuera superior del anterior y responsable del área de autobuses en 2006, José María Pérez Lozano, ha coincidido con el otro procesado en que "la postura nuestra fue que desde ningún punto de vista podíamos jugar esa partida, porque nos complicaba", al apuntar que era algo "que no podíamos admitir". Ha insistido en que la compañía no era partidaria de pagar y "no podía más que decirle a De Marcos que diese largas".
"Nosotros no seguimos ninguna instrucción de Victoriano y teníamos nuestra posición totalmente tomada", ha apuntado, destacando las "dificultades" de De Marco "de tener que aguantar unas presiones probablemente en muchas circunstancias insoportables". Ha añadido que no denunciaron estos hechos porque "no teníamos pruebas, solo la palabra de uno". "Sólo queríamos ganar tiempo y que Victoriano cambiara de actitud", ha apostillado.
Al respecto, el entonces director general de CTSA Joaquín Martínez Vilanova, también acusado, ha indicado que los mensajes a De Marco eran "aguanta, da largas, ya se cansará, ya se irá", apuntando que las concesiones son a largo plazo, pero "los interlocutores, los concejales, van cambiando, hay elecciones, hay ceses". "Ya se cansaría y cesaría el hostigamiento cuando se diera cuenta de que yo no le iba a pagar", refiriéndose al exedil, ha apuntado.
Ha asegurado que la propuesta era "un tema que repugna" y ha aludido a la existencia de un consejo de administración sujeto a controles "muy estrictos" y al código ético. Ha señalado que era un negocio "lamentable", ya que la estación de autobuses de Marbella representaba un volumen de negocio del 0,6 por ciento del total. "Si hubiéramos querido quitarnos un peso de encima, le hubiéramos dado algo a este personaje", ha apostillado.
Para cada uno de estos tres procesados, la Fiscalía Anticorrupción solicita un año de prisión, al acusarlo de un delito de cohecho para acto injusto. Faltan por declarar seis acusados en este último bloque del juicio, entre ellos el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, quien podría declarar este miércoles.
Un saludo portillero.
La noticia en Terra.es
Por otro lado, El Mundo, apunta :
Directivos de Portillo declaran que fueron extorsionados por un ex edil del GIL
Tres directivos de la empresa CTSA-Portillo, filial de la compañía FCC, han declarado este martes, como procesados en el caso 'Malaya', haber sido objeto de una extorsión por parte del que fuera edil de Tráfico con el GIL en Marbella, así como en el gobierno tripartito de Marisol Yagüe, Victoriano Rodríguez, ya fallecido.
El primero en relatar la petición del soborno, cifrado en "65 millones de pesetas", ha sido Julio de Marco, ex gerente de la empresa. A preguntas del fiscal ha negado en todo momento haber consumado el pago, también calificado como "mordida", al que le sometió Rodríguez -entre febrero y marzo de 2006- para conseguir la explotación de la terminal de autobuses de Marbella.
"Me dijo que si queríamos ser los adjudicatarios de la contrata debíamos entregar ese dinero, a él o a su amigo Ismael Pérez Peña", en alusión al empresario de automoción que ya pactó con Anticorrupción una rebaja considerable de la pena solicitada, para no entrar en prisión. A cambio reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos de lujo, así como un pago de 180.000 euros para ella y Juan Antonio Roca.
Durante el interrogatorio se han podido escuchar varias conversaciones entre De Marco y Rodríguez, interceptadas por la Policía. En ellas el ex directivo de Portillo llega a preguntarle al entonces edil "dónde te llevo el dinero". El que fuera hombre de confianza de Jesús Gil le contesta lo siguiente: "No me hables de dinero por teléfono".
Julio de Marco, que se enfrenta a un año de prisión y 600.000 euros de multa, ya declaró durante la instrucción que el pago del soborno no llegó a consumarse, al ser detenido Victoriano Rodríguez el 29 de marzo de 2006.
El fiscal Juan Carlos López Caballero le ha recordado al ex gerente de Portillo que él reflejó una "contraoferta", consistente en entregar a Rodríguez 125 millones de las antiguas pesetas antes de dicha adjudicación, y otros 15 millones después.
El ex directivo Joaquín Martínez Vilanova ha declarado que estuvo al corriente de todo, como superior directo de De Marco. Tanto Vilanova como José María Pérez Lozano han denunciado "presiones insoportables" por parte del ex edil ya fallecido. Uno de ellos ha llegado a calificar a Rodríguez de "persona desquiciada". La pretensión de Portillo era renovar por tercera vez la explotación del servicio, ocho años más.
La misma noticia en Europa Press:
Ex directivos de Portillo dicen que dieron "largas" al exedil que pidió dinero por adjudicación
Los que fueran en 2006 directivos de la empresa de transportes Portillo, acusados en el caso 'Malaya', han asegurado que el exedil de Marbella (Málaga) Victoriano Rodríguez, que fue procesado en esta causa pero posteriormente falleció, pidió a la compañía 65 millones de las antiguas pesetas --390.000 euros-- "como si fuera una mordida" para adjudicarle la explotación de la estación de autobuses, aunque han apuntado que no pretendían pagar y le dieron "largas".
El primero de ellos en declarar en esta sesión del juicio ha sido el entonces gerente de la sociedad Julio de Marco, quien ha indicado que el entonces edil de Transportes le transmitió que "si queríamos ser los adjudicatarios de la concesión de la estación de autobuses de Marbella, hay que entregarle a él o a la persona que él designe en Madrid, que fue Ismael Pérez Peña --empresario que ha llegado a un acuerdo con el fiscal--, 65 millones de pesetas".
Estas "exigencias" se las comunicó a sus superiores, que le dijeron que "le diera largas el mayor tiempo posible". Ha matizado parte de su declaración inicial ante el instructor, diciendo que hizo "suposiciones que pensaba que facilitaban mi salida de los calabozos", insistiendo ahora en que la estrategia de la empresa era intentar "ganar tiempo, aguantar la presión como pudiese", pero "no había decisión clara de pagar".
Ha apuntado que la proposición "no tenía sentido", porque la empresa ya tenía la concesión y la nueva adjudicación le producía "un perjuicio económico" respecto al anterior concurso. Además, ha dicho que Portillo-CTSA fue la única que se presenta al concurso, momento en el que el exedil "se da cuenta que la mordida que quería obtener no tiene sentido y entonces pretende liarme a mí, liar a la empresa y dar unos plazos para ver si nos presiona y consigue su objetivo".
No obstante, se han reproducido conversaciones en las que ambos establecen plazos de pagos, reiterando el acusado, al respecto, que "llevábamos dos meses dándole largas". Ha expresado que estaba presionado por su empresa, por los "incumplimientos" del Consistorio y por el exedil, quien se refería a veces al presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, en cuanto realizarle determinadas consultas, sobre todo en temas de terrenos.
En este sentido, ha dicho que un par de veces, sus superiores y él se reunieron con Roca en Planeamiento para interesarse por la posibilidad de que les cedieran unos terrenos, "que luego resulta que no eran del Consistorio". "Otro incumplimiento más del Ayuntamiento de Marbella", ha apuntado De Marcos, quien se ha reafirmado en que el principal acusado no le pidió dinero y que él no podía tomar decisiones ni disponer de capital.
Por su parte, el que fuera superior del anterior y responsable del área de autobuses en 2006, José María Pérez Lozano, ha coincidido con el otro procesado en que "la postura nuestra fue que desde ningún punto de vista podíamos jugar esa partida, porque nos complicaba", al apuntar que era algo "que no podíamos admitir". Ha insistido en que la compañía no era partidaria de pagar y "no podía más que decirle a De Marcos que diese largas".
"Nosotros no seguimos ninguna instrucción de Victoriano y teníamos nuestra posición totalmente tomada", ha apuntado, destacando las "dificultades" de De Marco "de tener que aguantar unas presiones probablemente en muchas circunstancias insoportables". Ha añadido que no denunciaron estos hechos porque "no teníamos pruebas, solo la palabra de uno". "Sólo queríamos ganar tiempo y que Victoriano cambiara de actitud", ha apostillado.
Al respecto, el entonces director general de CTSA Joaquín Martínez Vilanova, también acusado, ha indicado que los mensajes a De Marco eran "aguanta, da largas, ya se cansará, ya se irá", apuntando que las concesiones son a largo plazo, pero "los interlocutores, los concejales, van cambiando, hay elecciones, hay ceses". "Ya se cansaría y cesaría el hostigamiento cuando se diera cuenta de que yo no le iba a pagar", refiriéndose al exedil, ha apuntado.
Ha asegurado que la propuesta era "un tema que repugna" y ha aludido a la existencia de un consejo de administración sujeto a controles "muy estrictos" y al código ético. Ha señalado que era un negocio "lamentable", ya que la estación de autobuses de Marbella representaba un volumen de negocio del 0,6 por ciento del total. "Si hubiéramos querido quitarnos un peso de encima, le hubiéramos dado algo a este personaje", ha apostillado.
Para cada uno de estos tres procesados, la Fiscalía Anticorrupción solicita un año de prisión, al acusarlo de un delito de cohecho para acto injusto. Faltan por declarar seis acusados en este último bloque del juicio, entre ellos el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, quien podría declarar este miércoles.
Un saludo portillero.
La noticia en Terra.es
